En pocos años Ingushetia ha pasado de ser un lugar pacífico a un sitio donde los presuntos rebeldes desaparecen o se les asesina a sangre fría

La pequeña república del Cáucaso Norte era antes muy apacible, especialmente si la comparábamos con la vecina Chechenia. La frontera entre Chechenia e Ingushetia aparecía como una pequeña línea que separaba la guerra de la paz. Podrías cruzarla y exclamar: “Ahora estaré segura”.

¿Cuándo se ha producido el cambio? Todo empezó de forma paulatina, los abusos infiltrándose desde Chechenia a Ingushetia. Primero, en el 2002, los militares rusos y los agentes de seguridad que buscaban rebeldes comenzaron a secuestrar a refugiados chechenos. Más tarde, en 2003, unos cuantos ingushes fueron secuestrados. Algunos de ellos desaparecieron sin dejar huella.

El punto de inflexión llegó en junio de 2004, cuando un grupo de insurgentes encabezados por el infame rebelde checheno Shamil Basaev atacó dos ciudades de Ingushetia. La cifra oficial de las víctimas de los asaltos fue de 98 muertos y 104 heridos (incluyendo a policías, agentes de seguridad, oficiales y civiles).

Para una pequeña república como Ingushetia, estas pérdidas son sobrecogedoras. Después del ataque, la gente apoyó al gobierno para organizar una operación antiterrorista. Ahora, pasados cuatro años, las cosas han cambiado tanto que sería muy difícil repetir aquel respaldo. Como ha descrito en su nuevo informe Human Rights Watch el principal motivo del cambio es debido a que las operaciones antiterroristas se se llevan a cabo “al estilo checheno”.

¿Qué significa esto? Pues que jóvenes presuntamente relacionados con los insurgentes han sido secuestrados y torturados hasta que reconocen su culpabilidad y la de otros. Y aquellos que han sido inculpados por compañeros que les “delataron” al no poder aguantar más el dolor de golpes y shocks eléctricos, también han sido secuestrados y torturados.

Después del brutal asalto de una escuela de Beslán (Osetia del Norte) en septiembre del 2004, estas tácticas de “guerra sucia” se extendieron aún más por la vecina Ingushetia. Los “afortunados” que fueron torturados y liberados (en comparación con los desaparecidos o encarcelados tras juicios irregulares), fueron conscientes de que la vida normal se había acabado para ellos. Ya estaban fichados como “presuntos sospechosos”, y sólo podían huir de Ingushetia, estar preparados para volver a ser detenidos y torturados, o juntarse con los rebeldes, a falta de otra opción mejor. Por otro lado, como los rebeldes ingushes han desarrollado un discurso islamista, ahora las autoridades consideran como un posible insurgente a cualquier joven musulmán.

Los pueblos de Ingushetia han sufrido “limpiezas” y redadas. Así es como un hombre de Ali-Yut describe una operación antiterrorista en su pueblo en julio del 2007:

Los agentes de policía me dieron patadas y me pegaron con sus armas... Me gritaban: “¿Por qué has matado a este soldado?” Intentaba decirles que no lo había hecho, pero sólo chillaban: “Cállate, hijo de puta” y me apaleaban de nuevo... Cuando al final se detuvieron,, vi a mi mujer (embarazada) en el suelo... Su cara estaba cubierta de sangre.

Poco después, los ataques de los insurgentes se volvieron más frecuentes y más violentos. Y los agentes de seguridad y los policías respondieron con más abusos. Algunos jóvenes sospechosos de pertenecer a la insurgencia fueron asesinados en el acto.

Islam Belokiev, de 20 años, fue asesinado una tarda estival en un mercado de coches. Cuando cayó al suelo, todavía estaba vivo. La gente se apresuró a socorrerle, pero los agentes de seguridad armados no les dejaron pasar y rodearon al joven mirando cómo moría desangrado. Más tarde, las autoridades anunciaron que Belokiev era un guerrero rebelde.

La víctima más joven de este tipo de asesinatos, Rajim Amríev, no pudo ser declarado insurgente porque sólo tenía seis años. Por error, los servicios de seguridad pensaron que un terrorista se estaba escondiendo en casa de los padres de Rajim. Asaltaron la casa de madrugada, abriendo fuego sin avisar. Ya han pasado casi siete meses desde que asesinaron al pequeño Rajim; sin embargo las autoridades todavía no han tomado ninguna medida contra los culpables de lo ocurrido.

La muerte del niño convulsionó Ingushetia. Un grupo de activistas y familiares de las víctimas planearon una manifestación. Las autoridades atemorizaron a los organizadores, prohibieron la protesta y dispersaron con violencia a los que se habían atrevido a salir a la calle. Dos meses después prohibieron otra manifestación con la excusa de que representaba un “peligro terrorista”.

Para impedir que los medios de comunicación se hicieran eco de las manifestaciones, las autoridades ingushes detuvieron, secuestraron, despidieron, pegaron y amenazaron de muerte a 16 periodistas y representantes de ONGs de la zona. Al haber acallado la libertad de expresión, las autoridades han conseguido que aquellos que lloran a sus seres queridos asesinados así como aquellos que quieren expresar su descontento no tienen a dónde dirigirse.

Todas estas tácticas solamente han servido para unir e incluso radicalizar las comunidades. Después de cuatro años de antiterrorismo en Ingushetia, la actividad de los insurgentes no ha hecho más que aumentar. Los que una vez apoyaron las medidas antiterroristas del gobierno, ahora consideran que éste es su enemigo.

No debería ser así. Y los aliados europeos de Rusia pueden ayudar al pueblo ingush, y al Cáucaso en general, usando su influencia en Moscú para cambiar esta política. Rusia todavía puede poner fin a la impunidad en relación a los asesinatos, desapariciones y torturas en Ingushetia. Puede trabajar para devolver la confianza a la comunidad ingush y evitar que nuevos hombres se unan a la insurgencia. Puede detener el proceso de crisis desproporcionada de derechos humanos en Ingushetia, idéntica a la chechena.

Tanya Lokshina, directora de la oficina de HRW en Moscú

Fuente: The Guardian